Dentro de esta disciplina se encuentran una serie de servicios que son de vital importancia para garantizar el correcto funcionamiento del Estado y el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad.
Entre los servicios incluidos en el Derecho Administrativo se encuentran la prestación de servicios públicos, la contratación administrativa, la función pública, la responsabilidad patrimonial de la administración, el régimen jurídico de las actuaciones administrativas y el control de legalidad de la administración.
La prestación de servicios públicos es una de las funciones más importantes de la administración, ya que garantiza a los ciudadanos el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud, el agua potable, el transporte público, entre otros. Estos servicios deben ser prestados de manera eficiente, equitativa y bajo principios de legalidad para asegurar el bienestar de la sociedad.
La contratación administrativa, por su parte, regula las relaciones jurídicas entre la administración y los particulares en la contratación de bienes y servicios, garantizando la transparencia, igualdad de condiciones, competencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
La función pública se refiere al conjunto de normas que regulan el acceso, ejercicio y cese de los funcionarios públicos, quienes deben actuar con honestidad, imparcialidad, eficacia y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, la responsabilidad patrimonial de la administración establece las obligaciones indemnizatorias que tiene la administración pública en caso de causar daños a los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones.
El régimen jurídico de las actuaciones administrativas establece los procedimientos que debe seguir la administración en su actuación, garantizando la legalidad, la motivación, la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Finalmente, el control de legalidad de la administración es una función de los órganos jurisdiccionales encargados de velar por el cumplimiento de la legalidad en los actos administrativos, evitando el uso arbitrario del poder y protegiendo los derechos de los ciudadanos.
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